A por la conquista de los nuevos derechos, los derechos digitales.

Protección de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad son algunos de los términos que cada vez se usan con más frecuencia en nuestro entorno inmediato.

La revolución digital, con la incorporación gradual de equipos de informática cuántica y el uso, cada vez más frecuente, de sistemas y modelos de IA (basados tanto en modelos de lenguaje LM como en modelos de lenguaje LLM -estos últimos con los riesgos que implica-), va a traer consigo herramientas nuevas muy potentes para el desarrollo de muchos campos de conocimiento; pero, a la vez, va a generar desigualdad y discriminación en gran parte de la ciudadanía.

Ya se sabe que cuando una herramienta es gratis, el precio son tus datos reservados, el precio, en definitiva, eres tú. Y ya se sabe, también, que el acceso a herramientas poco desarrolladas o sobre las que no se tiene el dominio adecuado, puede generar perjuicios de todo tipo difícilmente evaluables.

Empeñadas en advertir de los peligros que conlleva el uso inadecuado de las recientes tecnologías de la información y la comunicación, encontramos un gran número de personas como cibervoluntarias de la Fundación Cibervoluntarios, cibercooperantes del INCIBE, miembros de las plataformas de Hacking Ético; y, en fin, profesionales de diversos ámbitos comprometidos con la erradicación de la brecha digital en sectores de la población de mayor edad; la protección integral de la infancia y la adolescencia frente al ciberbulling, el grooming o el sexting; la información a padres de menores sobre la necesidad de llegar a un pacto de bienestar digital con sus hijos; y la protección de los sectores más vulnerables contra los intentos de ciberfraudes, entre otros.

A ello tenemos que añadir los efectos que sobre el empleo va a tener el desarrollo de esas nuevas tecnologías. A día de hoy hacen falta más de 80.000 profesionales relacionados con la protección de datos y la ciberseguridad en nuestro país. Y se estima que para el año 2032 se generarán más de 1.200.000 empleos relacionados con los nuevos campos de conocimiento.

De todo lo apuntado con anterioridad, hemos de concluir, necesariamente, que la radical transformación en la que estamos inmersos va a generar un gran número de oportunidades para quienes accedan a las nuevas tecnologías y va a provocar desigualdades y discriminación entre los que, por las razones que sean, no puedan acceder a ellas.

Desde aquí, desde el campo de conocimiento que domino y del que soy experto y desde mis profundas convicciones de compromiso social, reivindico el compromiso con los nuevos derechos que las nuevas tecnologías traen consigo, para que nadie se quede atrás, para que todos tengan las mismas oportunidades.

Todos los ciudadanos tienen derecho a contar con los medios, la tecnología y una formación mínima que les permita poder gestionar sus asuntos, su trabajo, su vida, sin sufrir las consecuencias negativas de un desarrollo, a toda vista, imparable y, en muchas facetas (avances médicos, por ejemplo) deseable.

He aquí una nueva bandera por la que luchar, unos nuevos derechos por los que apostar, unos derechos que tienen su concreción en el núcleo mismo de derechos de nuestra Constitución: el artículo 18.4. El derecho a que no se invada nuestra intimidad con el uso tecnológico abusivo de nuestros datos personales, el derecho a no sufrir discriminación en el acceso a la información de las administraciones públicas (no conocer el uso del certificado digital personal, por ejemplo), el derecho a la protección de la infancia y la adolescencia (frente al ciberbulling, el sexting o el grooming), el derecho a la gestión de los asuntos ordinarios de nuestra propia vida (la solicitud de una cita médica por internet, el uso del DNI digital o del Carnet de Conducir digital, las gestiones bancarias, …); entre tantos.

Como en tantas otras cuestiones, somos nosotros, la izquierda, los que debemos iniciar, potenciar y liderar el desarrollo de estos derechos. A la derecha sólo le importa en esta cuestión, como en tantas otras, el rédito económico.

A ello pues…