Cuando la derecha se radicaliza, el socialismo se vuelve imprescindible

Hay momentos en los que una sociedad necesita preguntarse qué modelo de país quiere construir. El actual es uno de ellos. La derecha española se ha radicalizado y la ultraderecha avanza hasta convertirse en socio de Gobierno. Ante este escenario, el socialismo democrático tiene que reivindicar con claridad su razón de ser: defender la igualdad, los derechos y los servicios públicos frente a quienes quieren convertirlos en negocio.

Porque esa es hoy una de las grandes diferencias entre la izquierda y una derecha cada vez más próxima a la ultraderecha.

Para el socialismo, la sanidad es un derecho. Para determinados gobiernos de la derecha, también puede ser un negocio. La educación pública es un instrumento de igualdad; para otros, una oportunidad para expandir la enseñanza privada. La universidad pública, la dependencia, las residencias o los servicios sociales no pueden quedar sometidos exclusivamente a la lógica del beneficio.

No es una diferencia menor. Es una concepción distinta de la sociedad.

La vivienda representa uno de los mejores ejemplos de esta diferencia.

El Gobierno de España ha aprobado una Ley de Vivienda que permite actuar en las zonas de mercado residencial tensionado con medidas destinadas a contener los alquileres. Pero son las comunidades autónomas las que tienen las competencias fundamentales en vivienda y las que deben solicitar y aplicar buena parte de estas herramientas.

Y ahí aparece la contradicción.

Mientras miles de jóvenes no pueden emanciparse y muchas familias destinan una parte insoportable de sus ingresos al alquiler, los gobiernos autonómicos del Partido Popular se resisten a utilizar todos los instrumentos disponibles para contener los precios.

Andalucía es un ejemplo especialmente claro. El Gobierno de Moreno Bonilla no ha hecho de la vivienda pública ni de las medidas para aliviar el precio de los alquileres una de sus prioridades. Y mientras tanto, el problema se agrava.

La diferencia entre ambos modelos es sencilla: para el socialismo, la vivienda es un derecho; para la derecha es un activo de mercado.

Algo parecido ocurre con la financiación autonómica.

El Gobierno de España ha puesto sobre la mesa una propuesta que aportaría 20.975 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas en 2027. Son recursos para financiar sanidad, educación, dependencia y servicios públicos.

Sin embargo, el Partido Popular antepone la confrontación política al interés de los ciudadanos. Gobernar consiste en resolver problemas, algo que, en este momento, la actitud de la derecha parece poner en segundo plano.

Y también existe una diferencia importante cuando hablamos de empleo. España ha superado por primera vez los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, un máximo histórico, mientras el paro registrado se encuentra en niveles que no se veían en un mes de julio desde 2007. No significa que todos los problemas laborales estén resueltos, pero sí demuestra que es posible combinar crecimiento económico, creación de empleo y ampliación de derechos laborales.

Ese es precisamente el modelo que el socialismo debe reivindicar: una economía que crece para mejorar la vida de la mayoría, no una economía orientada prioritariamente a aumentar los beneficios de unos pocos, como han defendido históricamente los sectores más conservadores.

En Andalucía, esta batalla tiene además un protagonista evidente.

Moreno Bonilla ha terminado mostrando su verdadera condición. Quien fue el primero de nuestro país en negociar con Vox y uno de los primeros en asumir buena parte de sus postulados, ahora gobierna con la ultraderecha, que ha conseguido incorporar buena parte de sus prioridades a la acción del Gobierno andaluz.

Y eso obliga a preguntarse dónde queda aquella supuesta frontera entre la derecha moderada y la extrema derecha.

Porque cuando se pactan sus políticas, cuando se incorporan sus prioridades y cuando se le entregan responsabilidades de gobierno, la frontera deja de ser una frontera política y se convierte en una cuestión de relato.

Incluso resulta difícil no apreciar la contradicción entre reivindicar a Federico García Lorca como símbolo universal de Andalucía y gobernar con una formación que cuestiona políticas de memoria democrática. No se trata de apropiarse de Lorca. Se trata de entender que la defensa de la libertad, de la democracia y de la memoria exige también coherencia política.

La misma disputa se está produciendo también fuera de España.

Donald Trump representa una nueva etapa de la política internacional marcada por el auge de la extrema derecha, el unilateralismo y la política de fuerza. Frente a esa deriva, el socialismo democrático debe defender una Europa capaz de actuar con autonomía, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional.

Y Gaza ha mostrado hasta dónde llega esa diferencia. Pedro Sánchez ha mantenido una posición firme frente al Gobierno de Netanyahu y ha denunciado la muerte de decenas de miles de civiles palestinos, entre ellos miles de niños, en Gaza. España ha reclamado el fin de la violencia, la entrada de ayuda humanitaria y el respeto al derecho internacional. No mirar hacia otro lado ante el sufrimiento de la población civil también es defender los valores del socialismo democrático.

Hay otra decisión que define perfectamente una determinada forma de entender la política: la negativa de Sánchez a asumir el compromiso de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB que se planteó en la OTAN. El presidente ha defendido que alcanzar ese porcentaje supondría un esfuerzo desproporcionado y podría poner en riesgo el Estado del bienestar, obligándonos a elegir entre más gasto militar y más recursos para la sanidad, la educación o los servicios públicos. España puede y debe reforzar su seguridad, pero sin hacerlo a costa de aquello que también hace más fuerte a un país: unos servicios públicos sólidos y una sociedad cohesionada.

Los grandes avances sociales de España no han llegado por casualidad. La ampliación de la educación pública, la universalización de la sanidad, la consolidación de las pensiones o la creación del sistema de atención a la dependencia están vinculados a gobiernos socialistas que entendieron que los derechos no podían depender de la capacidad económica de cada ciudadano.

Hoy esa idea vuelve a estar en juego.

Frente a una derecha radicalizada y una ultraderecha cada vez más fuerte, el socialismo no puede esconderse ni pedir disculpas por defender lo público.

Debe reivindicarlo.

Frente a quienes quieren convertir la vivienda en negocio, defenderla como derecho.

Frente a quienes quieren hacer de la sanidad un mercado, defenderla como servicio público.

Frente a quienes pretenden enfrentar a ciudadanos, defender la igualdad.

Frente a quienes creen que gobernar consiste en conquistar el poder, recordar que gobernar significa transformar la vida de la gente.

Y frente a quienes quieren que tengamos miedo al futuro, ofrecer una alternativa.

Porque el socialismo democrático no pertenece al pasado.

Cuando la derecha se radicaliza, cuando la ultraderecha avanza y cuando los derechos vuelven a estar amenazados, el socialismo se vuelve imprescindible.