La emergencia climática en el contexto de una creciente emergencia democrática

Vivimos una gran paradoja. Al tiempo que la ciencia confirma la aceleración de las temperaturas, a causa del cambio climático, y además  se hacen más evidentes sus efectos (fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos)…, avanzan las teorías que pretenden negar  dicha realidad .
Casualidad? En absoluto. Combatir el cambio climático y actuar frente a la consiguiente  emergencia , exige una profunda reorientacion de nuestro modelo de producción y de consumo; y ello supone una amenaza para quienes más se benefician de dicho modelo, que además tienen suficiente poder como para frenar la necesaria descarbonización. Una amenaza cada vez más evidente, gracias a la espectacular reducción de los costes de las tecnologías necesarias para la utilización de las energías renovables, así como para su almacenamiento.
Basta con analizar las razones últimas de la guerra emprendida por Trump contra Irán. Nadie debería sorprenderse, ya que su llegada a la Casa Blanca contó con el apoyo expreso de las grandes corporaciones de la energía,de la digitalización y de las armas. Tres sectores productivos para los que esta guerra comporta ingentes beneficios. En particular, las empresas norteamericanas dueñas de las importantes reservas de petróleo, gas y carbón de ese país, han acumulado enormes ganancias desde el momento de la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz y de la destrucción de numerosas refinerías en Irán y en los países del Golfo Pérsico. Los efectos de la guerra en los mercados de hidrocarburos son de tal magnitud que la Agencia Internacional de la Energía estima que nos enfrentamos a una crisis mucho más grave que la del inicio de los años setenta del pasado siglo.
Pero el caos generado por el empeño explícito de Trump ( “Drill,baby drill”)de frenar las políticas climáticas y controlar la producción mundial de petróleo y gas ( al que responde también el secuestro de Maduro y la posterior sumisión del gobierno de Venezuela ),no puede ocultar el impulso provocado por dicho empeño en la descarbonización: las inversiones mundiales en energías renovables están creciendo a un ritmo superior al previsto, incluso en Estados Unidos – a pesar de la eliminación de las ayudas públicas reforzadas durante la presidencia de Biden-.
Y es que la aceleración de la temperatura del planeta – lo que denominamos emergencia climática- coincide con la evidencia de la importancia de las energías renovables para garantizar el suministro de energía a un coste asequible, frente a la incertidumbre y los elevados precios de los combustibles fósiles. En particular , la “autonomía estratégica” de la Unión Europea requiere una rápida reducción de su dependencia del petróleo y del gas, en su mayor parte importados de terceros países. La geopolítica de la energía juega por lo tanto  cada vez más a favor de la transición energética, imprescindible  para frenar el cambio climático y sus indeseables efectos.
Pero debemos tener en cuenta,además,  que todo lo anterior está asociado a la “emergencia democrática” que ya se está produciendo en Europa y en América Latina , a partir de la expansión de partidos políticos de extrema derecha, con el apoyo explícito de Trump; y por lo tanto, al servicio de los intereses económicos arriba mencionados. Estos partidos cuestionan los logros del Estado del bienestar ( por ejemplo, Milei define la “justicia social”como la mayor aberración a combatir),el feminismo,la acción climática,la defensa de los derechos humanos,el multilaterismo basado en reglas, el proyecto europeo de integración … y la propia democracia.
Y lo más grave es que dichos planteamientos están siendo parcialmente aceptados por algunos partidos conservadores tradicionales, como sucede en España con el Partido Popular, a cambio en este caso del apoyo de Vox, gracias al cual gobierna en numerosos ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
Seguramente esa deriva del Partido Popular explica en parte su negativa a incorporarse al Pacto de Estado frente a la emergencia climática, planteado inicialmente por el presidente del Gobierno el pasado mes de septiembre, y apoyado por amplios sectores de la sociedad civil, así como por otras fuerzas parlamentarias.
Dicho Pacto incluye actuaciones para la prevención, adaptación y restauración de las catastrofes provocadas o agravadas por el calentamiento global. Los costes humanos y materiales de los incendios forestales , las DANAS , las olas de calor,la regresión de la costa … podrían reducirse de manera significativa  con medidas que dependen sobre todo de competencias autonómicas: la gestión de los bosques, la prevención y lucha contra los incendios forestales,la  política agrícola y ganadera, la ordenación del territorio y el urbanismo. En estos momentos, lamentablemente, la mayoría de las Comunidades Autónomas no está cumpliendo , por ejemplo, con las leyes estatales que establecen las condiciones de trabajo de los agentes medioambientales y de los bomberos forestales, cuya tarea es imprescindible para la prevención y gestión de los incendios forestales. Asimismo, las inundaciones resultan mucho más destructivas debido a la frecuente construcción de viviendas e infraestructuras en zonas calificadas como inundables en la la planificación hidrológica.
A pesar de la inaudita negativa del partido popular ante la oferta de este Pacto de Estado, el Gobierno de la nación está desarrollando ya medidas de competencia estatal, promoviendo por ejemplo aquellas  prácticas agropecuarias que garantizan una mejor prevención frente a los incendios forestales: proyectos “mosaico”, ganadería extensiva,pastoreo,agricultura regenerativa… ; y por supuesto, apoyando el avance del conocimiento científico y de la comunicacion rigurosa, cuyos protagonistas son hoy día frecuentes víctimas de descalificación e incluso de ataques personales.
Asimismo,se están diseñando ya mecanismos de financiación destinados a apoyar a los ayuntamientos, sobre todo los de menor tamaño, para que dispongan de planes de prevención ante catástrofes “naturales” y para que reciban con la máxima rapidez los fondos necesarios para la posterior restauración.
En síntesis, la emergencia climática exige la máxima colaboración y lealtad constitucional de todas las administraciones, así como la coherencia de las políticas con el conocimiento científico. El avance de esa “ emergencia democrática” que representa la extrema derecha – y la deriva del Partido popular- dificultan la necesaria respuesta, y agravan las consecuencias del cambio climático en términos de seguridad,de salud pública y de prosperidad económica.
La concienciación y movilización de una ciudadanía mucho mejor informada constituye la mejor herramienta para enfrentarse con éxito ante ambas emergencias globales.