Los pueblos que no conocen su historia… están condenados a repetirla

Viendo recientemente en televisión las patéticas imágenes en las que un diputado de Vox, expulsado de la Cámara por alterar el orden en la sesión, se insurrecciona ante el presidente del Congreso en funciones; contemplando las imágenes de cómo los líderes y asistentes al mitin de Vox en Granada, la emprenden a golpes contra unos manifestantes antifascistas, me ha venido a la memoria cuando el 27 de febrero de 1933 los nazis incendiaron el Parlamento y convirtieron en cenizas el Reichstag alemán. Por aquellos hechos terminó acusado y condenado a muerte un ciudadano antifascista, llamado Marinus Van der Lubbe que, para su desgracia, fue sorprendido en el lugar de la catástrofe la noche de autos. Góring y Goebbels, auténticos inspiradores del incendio, declararon en el juicio como testigos. La condena a muerte de Marinus se fundamentó en el Decreto dictado con motivo del incendio, norma inexistente en el momento de la comisión del acto, lo que fue señalado por la oposición como condena contraria al principio de legalidad y de retroactividad de las normas penales. Empezaba en Alemania la destrucción del Estado de Derecho.

Antes se había sembrado el terror en las calles por parte de las SA, fuerza paramilitar del partido nazi conocidos como las <<camisas pardas>>, cuyo poder declinó en <<la noche de los cuchillos largos>> en 1934. Su capacidad de aterrorizar y reprimir a izquierdistas y progresistas pasó a manos de las SS, escolta personal de Hitler, que evolucionó hacia “un Estado dentro del Estado” y que fueron los responsables de los campos de concentración y de la ejecución del Holocausto. El tercer brazo armado para sembrar el terror fue la GESTAPO, policía secreta oficial del Estado para la tortura, desapariciones y asesinatos de opositores políticos enemigos del Tercer Reich (judíos, gitanos, sindicalistas y disidentes políticos)

Sin embargo, el punto de inflexión para la destrucción del Estado democrático y social, creado por la Constitución de Weimar, fue el incendio del Parlamento. Sus consecuencias fueron inmediatas: la detención masiva de comunistas, anarquistas, socialdemócratas, líderes intelectuales de la izquierda, representantes sindicales y cualquier tipo de disidencia. Se activó, además, el artículo 48 de la Constitución para la protección del pueblo y del Estado, a cuyo amparo se aprobó una ordenanza de emergencia que suspendió los derechos políticos constitucionales y facilitó la detención y condena a muerte o a cadena perpetua de cualquier activista de izquierdas. Las detenciones de diputados se produjeron al margen de la inviolabilidad parlamentaria y se prohibieron las publicaciones contrarias a la ideología nacional-socialista. El encarcelamiento de personas no afectas a la ideología nazi se generalizó y las redadas masivas de extremistas de toda clase abarrotaron las comisarias. De ahí que se iniciase la construcción de los primeros campos de concentración y, a partir de 1941, de los campos de exterminio para judíos y gitanos.

            El 5 de marzo de 1933 se celebraron elecciones al Reichtag en medio de una gran radicalización. El control de los resortes del Estado y la violencia política en las calles permitieron a los nazis alcanzar el 44% de los votos y debilitar aún más a los partidos que todavía subsistían en el Parlamento (socialdemócratas del SPD, comunistas del KPD y demócrata-cristianos del Zentrum). No obstante, los nazis no alcanzaban la mayoría absoluta, lo que consiguieron en la sesión constitutiva de la Cámara al expulsar del Reichstag a los 81 diputados del Partido Comunista.  Ese mismo día se establecieron los Tribunales especiales para enjuiciar los delitos políticos. En el nuevo sistema judicial, debidamente depurado, todos los jueces eran leales al nacional-socialismo. De toda la judicatura alemana, soló un juez renunció a su función como protesta contra el régimen del Tercer Reich. Se aprobaron nuevas leyes ordinarias con capacidad de modificar la Constitución y se dotó de facultades omnímodas al Gobierno, que ya no tenía que someterse a control parlamentario alguno. Así las cosas, el Führer terminó acumulando en sus manos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

            Trasladado lo que quedaba de Parlamento al Palacio de la Ópera, las intervenciones comenzaban con una alocución del presidente Göring, que enseguida daba la palabra a Hitler que, ataviado con su uniforme marrón, vociferaba desde la tribuna detrás de la cual colgaba una enorme esvástica. Figuras políticas conservadoras, como Von Papen habían blanqueado el nazismo y el propio presidente de la República Von Hindenburg  había nombrado canciller a Hitler ante las presiones de las fuerzas de la derecha. Ahora era el líder del Zentrum, Ludwing Kaas, quien tendía la mano al Führer en aras del progreso de la nación. El portavoz de los restos de los socialdemócratas, Otto Wels, anunció su voto contra la Ley de Habilitación que otorgaba plenos poderes a Hitler, con un valiente discurso: “Nos pueden quitar la libertad y la vida, pero no el honor”. Y en el alegato final en recuerdo de los opositores asesinados, encarcelados o detenidos concluía: “Nosotros los socialdemócratas alemanes, nos pronunciamos solemnemente en este momento histórico a favor de los principios de la humanidad, la justicia, la libertad y el socialismo”. Tras la votación, por 441 votos a favor y sólo 94 en contras (de los socialdemócratas), la Ley de Habilitación quedó aprobada y, con ello, quedó destruida la Constitución de Weimar. Con el Decreto del Incendio del Reichtag y al Ley de Habilitación, los nazis obtenían plenos poderes dictatoriales bajo una apariencia de legalidad. Todas las instituciones públicas se sujetaron a la plena obediencia de Hitler. Los funcionarios judíos o de izquierdas fueron expulsados de sus puestos y los jueces obligados a iniciar sus juicios con el saludo nazi. Todos los partidos políticos, salvo el Nacional-Socialista, fueron declarados ilegales. Lo mismo ocurrió con los sindicatos, suprimidos y sustituidos por el Frente Alemán del Trabajo (DAF). El Parlamento terminó disuelto y los Estados federales convertidos en Provincias regidas por un miembro del partido nazi. Una última institución quedaba aun por someter: la Wehrmacht. A la muerte del presidente Hindenburg en 1934 se refundieron la Presidencia del Reich y la Cancillería, lo que permitió a Hitler el mando y control absoluto del Ejército. El régimen totalitario había culminado y la ideología nacional-socialista permeaba la sociedad por completo. Hasta el 27 de febrero de 1933 el sistema político alemán se basaba en la Constitución de Weimar, que instituía un presidente, un canciller y un Parlamento con amplio pluralismo político. A raíz del incendio del Reichstag se desencadenó el desmantelamiento del sistema democrático que en sólo 25 días fue sustituido por una terrorífica dictadura encarnada por un sanguinario Führer.

Hasta aquí, los hechos incontrovertibles protagonizados por el régimen más cruel y sanguinario del reciente pasado europeo, sucesos que fueron posible por la colaboración de las derechas alemanas que permitieron el acceso al poder de un criminal racista y xenófobo. Ahora cambiemos el escenario y el tiempo. En Andalucía, el 28 de febrero de 1980 el pueblo andaluz alteró el curso de su historia. En el marco de una Constitución democrática y social, conquistó su autonomía política, aprobó su Estatuto y con ello el autogobierno de los andaluces a través de instituciones propias. La inmensa mayoría de los andaluces habían dejado atrás la dictadura y el centralismo, la dependencia y la marginación. Sin embargo, en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2018 apareció por primera vez en un Parlamento español el partido ultraderechista Vox. EL PSOE-A liderado por Susana Diaz fue el partido más votado. Sin embargo, el Partido Popular consiguió pactar con Ciudadanos y el apoyo de Vox la investidura a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Los constructores en Andalucía del Estado social habían sido los socialistas, pero estos cedían el poder a un Partido Popular que, para gobernar, se apoyaba sin remilgos en la ultraderecha política. El presidente Moreno Bonilla fue el primero que blanqueó a Vox. A partir de ahí, el Partido Popular perdió el pudor democrático y en Vox se apoyó para conseguir poder territorial autonómico y local. En vísperas de las elecciones andaluzas y el próximo año de las generales, el pasado constituye un perfecto aviso para navegantes. Esperemos que quienes, al parecer, no han aprendido nada de la historia, no nos obliguen a repetirla.