Prioridad nacional contra igualdad y no discriminación

Las crecientes deficiencias y carencias graves en el funcionamiento del estado de bienestar en España, sobre todo en sanidad, educación, vivienda, trabajo, seguridad, está generando una creciente frustración en capas notables de la población, en todos los territorios y ámbitos, tanto rural como urbano. Los partidos de derecha y ultraderecha, PP y Vox, están intentando capitalizar este indudable malestar, creando un sentimiento creciente de agravio comparativo, que es además impulsado con informaciones muy alarmantes y falsas sobre el trato preferente y las ayudas desorbitadas que perciben los recién llegados emigrantes, frente a los españoles en general y en especial a los más humildes, necesitados y en riesgo de pobreza. Los acuerdos de Gobierno del PP y Vox, en Extremadura, Aragón, Castilla y León y pronto en Andalucía, con el visto bueno de Feijóo y el PP en su conjunto, blinda la narrativa y reafirma su oferta electoral y política. Los extremeños, aragoneses, castellanos y leoneses, andaluces serán los primeros en sus territorios, gracias al PP y Vox. Primeros en las listas de espera interminables en la sanidad, en poder llevar pagando, a sus hijos e hijas, a la Formación Profesional y Universidades privadas, porque no tendrán sitio en la pública, cada vez más marginada y mal financiada. Primeros en esperar dos años para la dependencia, primeros para demandar una vivienda pública o de alquiler restringido, competencia de las CC AA, que ignoran y marginan sistemáticamente los gobiernos de PP y Vox.

Primeros de la nada, porque todos esos problemas en el estado de bienestar, los tenemos aumentados por la voraz privatización de los servicios públicos, que duplican su costo al convertirse en negocio. Todo el relato es un trampantojo, una oferta ridícula, el chocolate del loro. El debate real sobre esta propuesta, no es el jurídico, porque evidentemente, la Constitución Española, en sus artículos 13 y 14 prohiben la discriminación, incluso a los extranjeros, amparados asimismo por la Ley de Extranjería. Un ejemplo actual de la aplicación de este engendro o artefacto jurídico, lo acaba de hacer Ayuso negando la tarjeta/abono de transporte a los que no estén empadronados en Madrid. ¡La capital de España discriminando al resto de España! Ni Trump o Milei lo hubieran mejorado.

Podríamos abordar también el problema desde la solidaridad y apoyo a los derechos humanos, al lado de los que sufren marginación, pobreza extrema o persecución política con riesgo de sus vidas, que buscan, como más de un millón de andaluces en la dictadura, emigrar de sus países de origen, para poder tener una vida digna. Incluso podríamos hacer un llamamiento al cumplimiento, como ha hecho el Papa León XIV, desde la doctrina religiosa, desde el cristianismo, para cumplir amar al prójimo y reconocer el rostro de Jesús en el extranjero.

Pero vayamos al grueso de la argumentación. ¡Es la economía, estúpido! Para ser los primeros de verdad, hay que tener algo que repartir, y eso solo se consigue con un crecimiento económico potente y para ello necesitamos indispensablemente una demografía que lo respalde. España, felizmente, tiene una de las esperanzas de vida más altas de Europa, 84 años. Cojan la calculadora para ver su repercusión en sanidad, pensiones, residencias, etcétera. La natalidad española es la más baja de la UE, 6,5 nacimientos por cada mil habitantes, con una tasa baja de fecundidad –1,1 hijos o hijas por mujer–. Todo eso significa que tenemos una alta tasa de dependencia, superior a la media europea. A pesar de ese hándicap demográfico, el diagnóstico generalizado de nuestra economía es que crece a un ritmo superior a la media de la UE y tiene rasgos dinámicos que auguran un mantenimiento de esta tendencia. España triplicará el crecimiento de la eurozona. Uno de los elementos claves de este crecimiento, junto a la demanda interna, consumo privado y uso masivo de fondos europeos, es la solidez del mercado laboral. Resulta irrebatible que el aumento de la población activa (25 millones) y del empleo (22 millones de afiliados) viene de la mano de la inmigración. Sectores como la agricultura intensiva, recolección de cosechas, turismo, construcción, comercio minorista y reparación, cuidados y trabajo doméstico, no podrían sostenerse claramente sin la mano de obra que provienen de Marruecos, Rumanía, Colombia, Venezuela, Argentina, etcétera. Casi un millón de personas extranjeras en Andalucía, viven, trabajan, consumen y cotizan en nuestra tierra, como lo hacen los 3,3 millones que están en el conjunto de España. Una rápida conclusión sería que necesitamos a la población emigrante para mantener el crecimiento económico. Con déficit demográfico solo cabe acudir a la emigración para mantener el crecimiento, porque las otras alternativas, retraso en la edad de jubilación, aumento notable de la productividad, aumentar la natalidad o eliminar el desempleo estructural requeriría un largo periodo de actuación y un contexto político muy ajustado para llevarlo a cabo.

Si la población emigrante es un factor indispensable en el crecimiento económico de España y Andalucía, y un sustento obligado para mantener nuestra calidad de vida, no resulta arriesgado convenir que a esa población emigrante hay que regularizarla, empadronarla, darle los servicios y derechos que al resto de la ciudadanía, porque ponerlos a la cola en todo o exigirles arraigo, cuando, por ejemplo, te está cuidando a tus padres y duermen junto a ellos porque su familia no puede o no quiere, es volver a una esclavitud imposible de asumir en una democracia consolidada como la española. Libertad, igualdad y fraternidad, para todas y todos los que vivan en nuestro país, sin discriminación, como exige la Constitución Española.