El acuerdo de gobierno PP-VOX para Andalucía: Un programa para no cumplirlo

Recientemente las fuerzas políticas PP-A y VOX han suscrito un acuerdo de gobierno que ha permitido en Andalucía la tercera investidura del presidente Moreno Bonilla. El acuerdo dice constar de unas <<bases>>  programáticas y de  150 <<medidas>> que debieran ejecutarse en los próximos cuatro años, periodo de tiempo que, según los suscribientes, durará la nueva Legislatura. Como el papel lo resiste todo, los firmantes se explayan en una literatura abigarrada que pretende ser un programa de gobierno que dará estabilidad a la Comunidad Autónoma y permitirá la creación de empleo y el crecimiento de la economía. Pero, como decía no sin cierto cinismo, el viejo profesor Enrique Tierno Galván, constatando la brecha habitual entre las promesas políticas y la realidad de gobernar, “los programas electorales están para no cumplirlos”. Y este parece especialmente diseñado al efecto.

            Las llamadas <<bases>>, que se supone que sustentan filosóficamente el acuerdo , se inician con una afirmación a caballo entre la ética política y la moral pública: el Gobierno andaluz “defenderá la decencia en la política…ante la degradación constante y creciente del Gobierno de España”. Que eso lo comprometa un partido condenado a título lucrativo, con decenas de juicios abiertos y centenares de cargos públicos condenados por corrupción y una sede central pagada con dinero negro, no deja de resultar llamativo. Está a la altura, desde luego, del curriculum del otro partido  suscribiente, donde abundan las denuncias cruzadas entre varios de sus antiguos miembros por supuestos delitos económicos y presunto enriquecimiento ilícito de su actual caudillo. Por otra parte, afirmar en el terreno de los principios que los suscriptores del pacto vinieren a hacer lo contrario (a no defender la decencia en la política) sería verdaderamente abstruso, por más que hace años dentro de las filas del Partido Popular se oyera una cinta en la que un destacado dirigente de la Comunidad valenciana afirmaba que “yo he venido a la política a forrarme”.

            El segundo principio filosófico contenido como <<base>> en el acuerdo de gobierno es de inspiración iusnaturalista, aunque los firmantes no lo sepan. Dice así: “La dignidad inherente a todo ser humano es un postulado irrenunciable y un compromiso ético absoluto y permanente para los firmantes de este acuerdo. La política social estará fundamentada en los principios de justicia, legalidad y humanidad”.  Dignidad de la persona y humanidad. La dignidad de la persona es un super-derecho constitucional, que se erige en “fundamento del orden político y de la paz social”, tal como prescribe el artículo 10.1 de la Constitución. La humanidad, en cambio, alude a las condiciones que caracterizan las cualidades morales intrínsecas al género humano (la empatía, la compasión, la solidaridad). Ambos conceptos resultan un sarcasmo en boca de quienes rechazan la inmigración, se oponen frontalmente a la acogida de menores no acompañados, priorizan a los nacionales en el acceso a la vivienda protegida y en el alquiler social así como en todas las subvenciones y ayudas oficiales, se proponen auditar anualmente el coste sanitario derivado de la atención a los extranjeros y suprimen la partida presupuestaria anual para la cooperación internacional al desarrollo.

            La tercera <<base>> reza así: los firmantes tienen como punto de encuentro “el respeto a la democracia, el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho”. Y esto lo firman quienes quieren suprimir el Estado Autonómico, ilegalizar partidos políticos o empiezan a cuestionar el resultado de las próximas elecciones generales por causa del ensanchamiento del padrón municipal, que no del censo electoral; lo proclaman quienes retuercen las instituciones y las usan a su conveniencia (véase el actual Senado o el Consejo General del Poder Judicial) o meten la política en la Justicia porque todo vale con tal de destruir al adversario, que para los suscribientes del pacto parece ser el enemigo. Nada hay que objetar a la victoria electoral del PP de Andalucía. Pero, hay que decir a continuación que ese respeto a la democracia y al Estado de Derecho lo suscriben dos partidos que, guiados por sus ansias de poder, han decretado la ilegitimidad del presidente y del Gobierno de la Nación desde el primer día de su elección, violando un principio cardinal de la democracia parlamentaria, en la que gobierna no necesariamente el que gana las elecciones sino el que más apoyos concita en el Parlamento en el acto de investidura. Guiados por el lema, que puede entenderse como una suerte de activismo inconstitucional, de “el que pueda hacer que haga”, han cruzado todas las líneas rojas del consensus básico que presidió el funcionamiento de la democracia española desde los Pactos de la Moncloa y la redacción de la Constitución. Oyendo las soflamas parlamentarias de Feijo o de Abascal, uno añora el discurso de Manuel Fraga, que al menos era un trabajador incansable y supo reconducir a la democracia a un amplio sector del franquismo reformista. Salvo que algunos jueces se empeñen en lo contrario, la Legislatura estatal lleva camino de agotar el mandato, por más que siga la política de hostigamiento en los juzgados o las manifestaciones incendiarias ante Ferraz, que tanto motivan a los activistas de VOX.

            Por último, el documento se extiende en las <<medidas>> de gobierno. Muchas de ellas violan principios y valores constitucionales y estatutarios (principio de igualdad, derecho a la no discriminación, progresividad fiscal, imposición medioambiental etc.). Enumeradas de forma enunciativa se propone lo siguiente: reducción de impuestos, sobre todo a los que más tienen; supresión de todos los tributos medioambientales; apoyo a las energías tradicionales frente a las renovables; ampliación de la concertación de servicios públicos esenciales (sanidad, educación, residencias de mayores) con fundamento en la colaboración público-privada; ayudas para la conservación y recuperación del patrimonio de la Iglesia Católica; promoción de la tauromaquia, la caza y la pesca; universidades orientadas a la excelencia (se supone que privadas al no mencionarse en ninguna ocasión las públicas) y una batería de enunciados en materia de medio ambiente, agricultura y comercio, inaplicables por completo al depender de normas de la Unión Europea y de acuerdos internacionales como Mercosur. Para rematar, una perla conocida (derogación de la Ley de Memoria Histórica y sustitución por una nueva Ley de Concordia) y dos verdaderamente sorprendentes: la inclusión en los planes de estudios del terrorismo en España y el rechazo  a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad nacional. El resto son una serie de propuestas en materia de vivienda y sanidad, que cualquier avezado lector puede, legítimamente, preguntarse cómo no se han implementado a lo largo de los ocho años de mandato del Partido Popular. La conclusión para quien lea el documento podría ser doble: o el Partido Popular se ha fascistizado al asumir una serie de compromisos de matriz xenófoba, racista y antieuropea, o Vox ha conseguido colar en el programa de gobierno la mayoría de sus postulados iliberales y autoritarios. La solución queda a gusto del amable lector.