El futuro que nos jugamos: la desigualdad educativa y el mañana de Andalucía

Cuando hablamos de la desigualdad educativa en Andalucía solemos mirar hacia atrás: hacia los barrios donde ha crecido un niño, hacia la renta de sus padres, hacia el colegio al que ha podido —o no— acceder. Y con razón: la pobreza infantil, la precariedad laboral de las familias, la vivienda inadecuada o unos servicios sociales desbordados forman una red de causas que empieza mucho antes de que ese niño cruce la puerta del aula. Pero hay otra manera de mirar el problema, complementaria a esa, que quizá nos toca menos la fibra sensible pero que puede ayudarnos a entender por qué esto nos importa a todos, tengamos hijos en edad escolar o no: qué Andalucía estamos construyendo si dejamos que el origen social siga marcando tanto las oportunidades educativas de nuestros niños y niñas.

Porque la desigualdad educativa no es solo una cuestión de justicia para quien la sufre hoy —que ya sería razón suficiente para tomársela en serio—. Es también una hipoteca sobre el desarrollo económico, demográfico y social de toda la región en las próximas décadas. Y, como veremos, no es un fenómeno que simplemente nos venga dado: hay decisiones políticas, tomadas aquí y ahora en San Telmo, que están empeorando el punto de partida en lugar de corregirlo.

Empecemos por lo más tangible: el abandono escolar temprano, es decir, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no ha terminado la ESO, el bachillerato o un ciclo de FP y que ya no estudia nada. Es cierto que Andalucía ha mejorado en este indicador: la tasa ha bajado del 21,9% en 2018 al 14,49% en 2025, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa del INE recogidos por la Junta de Andalucía, el mejor dato de toda la serie histórica. Es una buena noticia y conviene decirlo sin regatear el mérito de las familias, del profesorado y del alumnado, que son quienes de verdad sostienen esa mejora día a día en las aulas.

Pero conviene también leer la cifra con calma: la media española se sitúa ya en el 12,8%, así que Andalucía sigue por encima, y España en su conjunto continúa teniendo una de las tasas de abandono escolar más altas de la Unión Europea, muy lejos de países como los Países Bajos o Polonia, donde apenas ronda el 5%. Detrás de cada punto porcentual hay miles de jóvenes que salen del sistema educativo sin la formación que hoy exige casi cualquier empleo estable. Y eso tiene un coste económico directo: una región que pierde una parte de su cantera formativa pierde también parte de su capacidad de atraer inversión, de diversificar su tejido productivo y de no depender tanto de sectores de bajo valor añadido y empleo estacional, como el turismo o la agricultura intensiva, que hoy sostienen buena parte de la economía andaluza.

Hay un segundo fenómeno que agrava el anterior, y que en Andalucía se nota especialmente por ser, históricamente, tierra de emigración: la fuga de quienes sí consiguen formarse bien. A nivel nacional, más de tres millones de españoles vivían ya fuera del país a comienzos de 2025, según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero del INE, un 4,7% más que el año anterior y el mayor incremento desde 2016. Casi siete de cada diez de quienes se han marchado en los últimos años están en edad laboral, y buena parte son ingenieros, sanitarios o especialistas en sectores donde España —y Andalucía en particular— arrastra déficit de profesionales, como recuerdan tanto la Cámara de Comercio como la CEOE.

El resultado es una paradoja incómoda: la región invierte en formar a una parte de su juventud más preparada y luego ve cómo esa inversión rinde sus frutos en otro lugar, mientras quienes se quedan son, con demasiada frecuencia, quienes menos oportunidades tuvieron de desarrollar su potencial. No hace falta ser economista para entender que ese desequilibrio, sostenido en el tiempo, dificulta que la propia región genere el capital humano que necesitará para transformar su modelo productivo, algo que exigiría, precisamente, políticas activas de retención de talento y no solo discursos sobre la marca Andalucía.

La desigualdad educativa tampoco se reparte igual por el territorio, y ahí es donde el problema se vuelve más visible en los datos. Un estudio de referencia dirigido por el profesor F. Javier Murillo, de la Universidad Autónoma de Madrid, sitúa a Andalucía entre las comunidades con mayor segregación escolar por nivel socioeconómico de España, lo que en la práctica significa que el alumnado más vulnerable y el de familias con más recursos apenas comparten aula. Y esa segregación tiene consecuencias medibles: el informe elaborado por Esade y Save the Children a partir de PISA 2022 señala que Andalucía y Canarias son, junto con Ceuta y Melilla, las comunidades con peores resultados en competencia matemática de todo el país, muy por debajo de territorios como Castilla y León o Cantabria.

Nada de esto es casualidad. Los barrios y municipios que concentran más pobreza infantil y precariedad laboral —esos mismos que originan la desigualdad educativa— suelen coincidir con los que sufren despoblamiento y envejecimiento. Sin una base educativa sólida, a esos territorios les cuesta mucho más atraer actividad económica de valor y retener a su población joven, y así se cierra un círculo: la desigualdad educativa alimenta el declive territorial, y el declive territorial vuelve a alimentar la desigualdad educativa.

Todo lo anterior explicaría por qué cualquier gobierno responsable debería estar concentrando recursos, con urgencia, precisamente en los centros y en los territorios más golpeados por la desigualdad. Sin embargo, el balance que hacen sindicatos, familias y buena parte de la comunidad educativa sobre la gestión del Gobierno andaluz apunta en la dirección contraria.

Según la contabilización que USTEA realiza a partir del propio Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la escuela pública andaluza ha perdido 2.758 unidades desde la llegada del PP al Gobierno regional en 2018, 410 de ellas solo en el proceso de matriculación para el curso 2026-2027. El sindicato denuncia además una práctica especialmente lesiva para las familias con menos recursos: la publicación de «0 plazas» en cursos intermedios de Infantil y Primaria, que bloquea nuevas matriculaciones en la red pública mientras la oferta concertada, sostenida con fondos públicos, se mantiene o incluso crece en los mismos barrios. Es lo que el propio sindicato describe como una estrategia que deriva alumnado hacia la concertada de forma artificial, utilizando la caída de la natalidad como excusa para recortar en lo público sin aplicar el mismo ajuste en lo privado subvencionado.

A esa pérdida de aulas se suma el capítulo del profesorado. El presupuesto de la Junta para 2025 preveía, según denunció el sindicato Ustea, 507 docentes menos en la escuela pública andaluza, con el grueso del recorte concentrado en Infantil y Primaria y un golpe especialmente duro a la educación compensatoria, el programa pensado justamente para reforzar la atención al alumnado más vulnerable. La Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía ha hecho, en términos parecidos, un balance «profundamente negativo» de la gestión de la Consejería en el curso 2025-2026, señalando la falta de planificación, el deterioro de la educación pública, la externalización de servicios esenciales y la ausencia de negociación real con los sindicatos.

El malestar no se ha quedado solo en comunicados: en mayo de 2024, en torno al 60% del profesorado andaluz secundó una huelga educativa convocada por USTEA, CCOO y ANPE en las ocho provincias, bajo el argumento de que el Gobierno regional está «cargándose la educación pública» a través de una apuesta ideológica por el modelo privado y concertado. Y en febrero de 2026, las cuatro organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación —CSIF, ANPE, CCOO y UGT, es decir, todo el espectro sindical del sector, no solo el más combativo— se movilizaron de forma conjunta contra el nuevo decreto de Zonas de Transformación Social impulsado por la Consejería, al entender que recorta recursos precisamente en los centros de educación compensatoria y de difícil desempeño: los que atienden al alumnado que más lo necesita.

Es justo reconocer que la Junta no se ha quedado callada ante estas críticas. En junio de 2025 alcanzó un acuerdo con CSIF, ANPE y UGT para bajar la ratio a 22 alumnos por aula en el segundo ciclo de Infantil, incorporar 6.500 docentes adicionales y reforzar las plantillas de Educación Especial, un acuerdo que la propia Consejería presenta como un cambio estructural para el sistema público de los próximos años. Pero conviene subrayar dos cosas. La primera, que ese mismo acuerdo llega después de años de recortes acumulados y de una huelga generalizada, es decir, como reacción a la presión social y sindical, no como una planificación anticipada. La segunda, que buena parte de la propia comunidad educativa recibió el anuncio con escepticismo: como resumía uno de los sindicatos firmantes, los acuerdos siempre son una buena noticia, pero existen «serias dudas» de que se vaya a cumplir, sobre todo cuando el calendario de la bajada de ratios se estira hasta el curso 2028-2029, ya en la siguiente legislatura, y cuando una parte relevante de los nuevos docentes se sostiene con fondos europeos temporales y no con presupuesto propio y estructural de la Junta.

El propio Gobierno andaluz suele defender su gestión apoyándose en la mejora del abandono escolar de la que hablábamos al principio, y no le falta razón en que la cifra ha bajado. Pero ahí está precisamente la contradicción que señalan sus críticos: es difícil sostener que se está apostando por corregir la desigualdad educativa mientras, al mismo tiempo, se recortan aulas y docentes justo en las etapas y en los programas —Infantil, Primaria, educación compensatoria— donde más pesa el origen social del alumnado. Una mejora en la estadística general no compensa, para muchas familias de barrios como los de la periferia de Sevilla, Cádiz o Córdoba, la experiencia muy concreta de no encontrar plaza pública para su hijo o su hija.

Hay, además, un efecto más difícil de medir pero no por ello menos real, y es el que tiene que ver con la cohesión social. Cuando una sociedad transmite, generación tras generación, las mismas desigualdades que dice querer superar, algo se rompe en la confianza que la gente deposita en las instituciones. Quien siente que el esfuerzo individual no basta para progresar tiende a desconectarse de la vida pública, y esa desafección se nota especialmente entre quienes crecieron sabiendo que el sistema no les ofrecía las mismas vías de salida que a otros. Cuando, además, esa percepción coincide con recortes reales y documentados en los servicios públicos que deberían compensar el origen social —la escuela, pero también la sanidad o la atención a la dependencia, que buena parte del tejido social andaluz viene denunciando en paralelo—, la desafección tiene motivos muy concretos en los que apoyarse. Una Andalucía con menos cohesión social es, también, una Andalucía peor preparada para afrontar unida las próximas crisis económicas o sociales, sean las que sean.

Es verdad que la tendencia de los últimos años invita a cierto optimismo en algunos indicadores: el abandono escolar baja, la pobreza AROPE también ha mejorado en 2024 respecto al año anterior, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Andalucía (EAPN-Andalucía), y algunos programas de refuerzo educativo en zonas con necesidades de transformación social empiezan a dar resultados visibles allí donde se sostienen en el tiempo. Pero la pobreza infantil sigue siendo la más alta de toda España —el indicador AROPE en menores se situó en el 44,9% en 2024, muy por encima de la media nacional—, y eso nos recuerda que la mejora, siendo real, todavía no ha llegado a corregir lo esencial: que el código postal y la cuenta corriente de una familia sigan pesando tanto en el futuro escolar de un niño.

Por eso conviene entender la inversión en reducir la desigualdad educativa no como un gasto social más entre otros, sino como una de las decisiones más rentables que Andalucía puede tomar a medio plazo. Y eso exige, como mínimo, tres cosas que hoy no están garantizadas: primero, que la reducción de aulas y de plantillas que impone la caída de la natalidad se aplique por igual en la pública y en la concertada, y no solo en la primera; segundo, que la bajada de ratios y el refuerzo docente anunciados para 2025 se cumplan en los plazos comprometidos y con financiación propia, no solo con fondos europeos coyunturales; y tercero, que los programas dirigidos al alumnado más vulnerable, como la educación compensatoria o las actuaciones en zonas de transformación social, se refuercen en lugar de recortarse, precisamente porque son la herramienta más directa que tiene la Administración para compensar lo que la pobreza y la precariedad laboral les niegan a esos niños y niñas fuera del aula.

Garantizar que el origen social deje de condicionar tanto las trayectorias escolares no es solo, como decíamos, una cuestión de justicia para la infancia andaluza de hoy. Es, sobre todo, la mejor inversión posible en la Andalucía que queremos tener dentro de veinte años. Y esa inversión empieza por una decisión que sí depende de la voluntad política del Gobierno andaluz: dejar de cerrar aulas públicas y reforzar los recursos económicos allí donde más se necesitan.