La revolución de la decencia común

(Cierre de la trilogía)

La secuencia histórica a la que nos enfrentamos no admite medias tintas. Lo que está
en juego hoy no es la legítima alternancia de gobierno, sino la revisión del modelo de
Estado Social y Democrático de Derecho tal y como lo conocemos.
La evidencia empírica es abrumadora y certifica que ya no nos enfrentamos a un mero
voto de castigo coyuntural a los gobiernos liberales de uno u otro signo político, sino a
una maquinaria institucionalizada de alcance planetario.
Hoy, el nacional-populismo y las distintas declinaciones del iliberalismo ya han
triunfado, gobernando directa o indirectamente sobre cientos de millones de seres
humanos y condicionando cerca de un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) mundial.
Desde la normalización del populismo identitario en Italia y Argentina, pasando por la
transformación radical del Partido Republicano en Estados Unidos, estas corrientes han
conquistado resortes de poder colosales. A estos territorios ya sometidos debemos unir
la onda expansiva que afecta al resto de Occidente: Alemania, donde fracturan los
históricos cordones sanitarios para conquistar hegemonías regionales; Francia, donde
las encuestas proyectan una inminente victoria; o democracias como la brasileña,
donde acaban de ganar la primera vuelta con el 47% de los votos.
La suma de todo este poder territorial nos aboca a una conclusión histórica tan
demoledora como real: ni siquiera en la etapa más oscura durante los años treinta,
aquellos populismos lograron acumular tanto poder económico, demográfico e
institucional a nivel global, como lo hacen hoy.
España no es, en absoluto, una isla en este escenario. En nuestro país, la paulatina
normalización institucional de los postulados populistas ha permitido a estos
movimientos acumular un inmenso poder. En la actualidad, gobiernan en once
comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. Traducido a la realidad material,
administran ya la vida de casi 34 millones de personas —cerca del 70 % de una
población que ya roza los 50 millones de habitantes— y gestionan prácticamente el
65% de la riqueza nacional. A esta abrumadora hegemonía demográfica y económica
suman también el control absoluto del Senado.
Si se produjera una hiperconcentración de poder que alcanzara también el Congreso
de los Diputados, asistiríamos a un escenario inédito en nuestra historia democrática.
Quienes ostentaran esa mayoría pasarían a dominar, de forma simultánea, no solo el
Ejecutivo y el Legislativo, sino también la capacidad de renovación del Poder Judicial y
el Tribunal Constitucional. Esta acumulación de resortes afectaría directamente a la
propia construcción de la opinión pública: sumarían la corporación estatal RTVE y la
Agencia EFE a la red de radiotelevisiones autonómicas que ya se controlan
territorialmente. Si a esta indiscutible capacidad de influencia institucional le añadimos
su consolidada sintonía con la inmensa mayoría del panorama mediático privado, el
resultado sería un desequilibrio directo sobre más del 80% del ecosistema informativo
del país, poniendo en riesgo el pluralismo.
Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, debemos recuperar la lúcida
advertencia que la premio Pulitzer Anne Applebaum plasma en El ocaso de la
democracia, una obra que ha guiado nuestra reflexión desde el inicio de esta serie.
Applebaum nos recuerda que es la propia ciudadanía la que termina eligiendo estas
opciones cuando se encuentra exhausta, asfixiada por la complejidad y por la falta de
horizontes.
Es en este preciso momento donde la izquierda necesita mirarse al espejo y
comprender por qué millones de ciudadanos corrientes y trabajadores le están dando la
espalda en el mundo.
Tal y como advierte la filósofa Nancy Fraser, el gran error estratégico de las izquierdas
de nuestro tiempo es disociar el reconocimiento de las identidades de la urgente
solución de los problemas materiales. Preferir mimetizarse con los discursos más
abstractos y maximalistas lleva a provocar una desconexión total con el día a día de las
familias. En el terreno de juego actual, la ciudadanía, ante la incertidumbre, prefiere la
seguridad, el orden y las soluciones simples —aunque sean falsas— antes que los
proyectos políticos que ignoran sus angustias cotidianas. Se olvidan validar y articular
lo que piensa y sufre la inmensa mayoría de la gente corriente. Ignorar sus
preocupaciones no las hace desaparecer, solo las empuja hacia los brazos del
populismo. Y es precisamente por ello, para proteger los formidables avances que han
logrado en las democracias occidentales, por lo que resulta imprescindible que sus
proyectos políticos ofrezcan soluciones y certezas materiales.
No se parte desde cero. La izquierda moderada ha aprendido algo muy importante: que
la economía importa, y mucho, aunque sabemos que solo es una condición necesaria y
no suficiente. La condición suficiente siempre pasa para la izquierda por atender bien a
las demandas de justicia social que se viven en las calles. Eso significa hoy día ofrecer
respuestas contundentes a problemas sociales evidentes: al drama del acceso a la
vivienda; a combatir la pérdida de poder adquisitivo; a luchar contra la inflación; a
garantizar el empleo digno y a sostener servicios públicos de excelencia frente a su
evidente deterioro.
Del mismo modo, la ciudadanía progresista y moderada asume la inmigración como
una realidad insoslayable y un deber moral, pero exige con sensatez que su gestión
sea ordenada. Reclama que se garantice la integración, el respeto a nuestros valores
constitucionales y la convivencia pacífica, especialmente en los barrios obreros, que
son los que asumen el reto y la riqueza de la diversidad en su cotidianidad, y no las
élites desde sus entornos blindados.
Esto no es una abstracción académica. Es lo que el insobornable humanista George
Orwell definió como la «decencia común» (common decency): ese instinto moral innato
de la gente corriente que sabe distinguir perfectamente lo justo de lo injusto, el respeto
del atropello, lejos de los dogmas y los eslóganes de diseño.
Una decencia que exige compromiso colectivo, tal y como nos demostró nuestro gran
referente contemporáneo, Tony Judt. En un acto de dignidad suprema y de amor por el
futuro de la democracia, Judt dictó su ensayo Algo va mal atrapado en la agonía y la
parálisis de una enfermedad degenerativa implacable. Su testamento vital dejó un
mandato estremecedor: no podemos permitirnos el lujo de la resignación cuando las
instituciones que nos protegen se deterioran.
Es este mensaje el que tenemos que entender, porque es el propio contrato social lo
que está en juego, es decir, el contrato que garantiza que el Estado sirve para defender
nuestros derechos y promover la igualdad de oportunidades. El iliberalismo y las
propuestas dogmáticas de mercado proponen mutar ese contrato social por relaciones
puramente mercantiles. Y eso supone un desmantelamiento velado de lo público,
compatible con sus propuestas de reducir el Estado.
En este contexto, el lema de la decencia es una revolución que puede llegar a agrupar
a millones de personas. Lo estamos viendo en las movilizaciones para el acceso a una
vivienda digna. No piden milagros, piden soluciones decentes. La gente corriente lo
siente porque es de sentido común y ve las injusticias, día a día, en sus propias
familias.
No es necesario ser socialista para enrolarse bajo estas banderas. La decencia es el
amplio territorio donde podemos encontrarnos todos los demócratas. Esa es la
verdadera revolución de nuestro tiempo: detectar y ofrecer a la mayoría silenciosa
soluciones decentes y articular proyectos políticos que no la juzguen desde ninguna
superioridad moral, sino que le garanticen orden, seguridad material y respeto.