El porqué de la Universidad Pública

Las Universidades más tradicionales de Europa suelen resaltar sus orígenes en los Estudios Generales medievales. Si consideramos su contexto, estas entidades de enseñanza superior eran públicas en el sentido actual de la palabra, dado que necesitaban la autorización del Papa o el Emperador para su fundación o reconocimiento, y la financiación de diócesis, ciudades o señoríos para su funcionamiento. Los títulos que se concedían otorgaban la “licencia” para enseñar en toda la Cristiandad. Sus métodos eran escolásticos, basados en la lectura y discusión de textos clásicos e islámicos. España no fue ajena a este movimiento europeo: pertenecen a esta etapa, por ejemplo, las universidades de Salamanca o Valladolid.

Hay que esperar al final del siglo XV, y sobre todo al XVI, para observar un nuevo impulso universitario en nuestro país, coetáneo a la expansión de la monarquía hispánica, con fundaciones reales tanto en la Península Ibérica como en América. Han llegado a nuestros días las universidades de Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Zaragoza, Oviedo o Alcalá de Henares, que en el siglo XIX se trasladó a Madrid, y que luego adoptó el nombre de Universidad Complutense, en recuerdo a su origen. Al otro lado del Atlántico, en esta etapa, se fundan otras seis universidades. De nuevo, se trataba de iniciativas públicas que formaban parte de un ambicioso proyecto de país, que quería situarse entre las más importantes potencias globales.

En 1900 sólo había en España diez universidades, añadiéndose a las anteriores la de La Laguna. En el siglo XIX, a través de las reformas de Pidal y Moyano, estos diez centros estructuraron un primer y rudimentario sistema universitario público. Se entraba en el nuevo siglo habiendo realizado un meritorio esfuerzo, aunque lastrado por las difíciles circunstancias del país, para adaptarnos al nuevo modelo universitario humboldtiano, ya consolidado en Europa. Un modelo que combinaba integralmente la investigación más avanzada con la docencia y el estudio. Una universidad llamada a algo más que a transmitir y generar saber: tenía que jugar un destacado papel en el liderazgo del cambio, aportando respuestas (y preguntas) de fondo a los problemas de la sociedad, y proporcionando innovación.

En 1975 el número de centros universitarios había crecido a diecinueve, incluyendo las novedades de las denominadas universidades autónomas y politécnicas, todas ellas públicas, y tres universidades vinculadas a la Iglesia. Con la llegada de la democracia, antes de que concluyese el siglo XX el número de universidades públicas había alcanzado el medio centenar. Como ha recordado Enric Juliana, en un reciente artículo: “La universidad contribuyó a legitimar la naciente democracia. Uno de sus objetivos fue extender la educación superior y permitir que las clases medias y trabajadoras accedieran a ella. Y en buena medida se logró”.

La Ley de Reforma Universitaria, impulsada por el primer gobierno socialista en nuestro país, fue un instrumento eficaz para articular, ahora sí, un potente sistema público, con una sólida

implantación territorial, que se consolidó como un verdadero ascensor social y que garantizaba la primacía del mérito como criterio para el acceso los estudios con mayor demanda. A la vez, se consiguió que la mayoría de estas instituciones públicas se situaran en niveles razonables de reconocimiento internacional por su actividad investigadora y de transferencia del conocimiento. También en este caso se partía de un claro proyecto de país en el que los derechos individuales, muy especialmente la igualdad y la equidad, se hacían efectivos mediante iniciativas públicas. La última universidad pública puesta en marcha en España fue la Universidad Politécnica de Cartagena, en 1998.

Desde entonces, se ha producido un auténtico “tsunami” de creación de universidades privadas, que han alcanzado el número de cuarenta y dos, muchas de ellas también vinculadas a diferentes movimientos o congregaciones eclesiásticas. Al contrario de los casos anteriores, esta “revolución” no ha sido el resultado de ninguna valoración estratégica o reflexión estructural, sino de una carrera apresurada, desordenada y sin criterios de oportunidad por parte de muchas Comunidades Autónomas, especialmente las gobernadas por la derecha.

Desgraciadamente, los niveles de calidad de estos nuevos centros se han demostrado más que cuestionables y, por supuesto, es la capacidad económica de las familias para pagar los estudios la que domina sobre cualquier otro criterio de acceso. Demostrar más mérito y más capacidad quedaría pues para las clases sociales que no pueden pagarse los estudios superiores privados.

En lugar de fábricas de conocimiento y servicios a la ciudadanía, como se ha esperado siempre de las universidades públicas, muchos de los nuevos centros privados son meras tiendas de títulos con ánimo de lucro – de mucho lucro – que representan en algunos casos esquemas financieros y empresariales con intereses más que dudosos, y con conexiones políticas y mediáticas también poco claras. Se impulsa sin mayor embarazo la idea de que la educación superior es un sector de mercado más, como si fueran neutrales sus consecuencias, en especial en lo que toca a las antes citadas igualdad y equidad, valores constitucionales evidentemente en riesgo.

En 2025, el 30% de los nuevos estudiantes universitarios de grado y máster ya se matriculan en centros privados. Pero el problema no ha hecho más que empezar a desarrollarse, como se está demostrando en la Comunidad de Madrid, y va mucho más allá de una “privatización” del sistema. En esta región, la mayor parte de las universidades son privadas hoy en día, y no hay ya empacho en su gobierno regional en considerar prioritarios los intereses de ese lobby que, de momento, aspira a condicionar en su beneficio las políticas públicas, cosa que está consiguiendo, como decimos. A medio plazo surgirá la pretensión de acceder a fondos públicos a través de la creación de una suerte de sector concertado universitario, al estilo de los que existen en la enseñanza primaria y secundaria. Este es su sueño, y dada la magnitud de los recursos e influencias que manejan no es descartable que lo logren.

Mientras, las universidades privadas ni están ni se les espera en las áreas de conocimiento de demanda minoritaria, pero fundamentales para el avance de las humanidades, las ciencias y la tecnología, ni tampoco tienen en su conjunto peso relevante en la investigación avanzada, o la innovación de nuestro país. Demasiado caro y muy poco rentable.

Los riesgos son tan evidentes que la socialdemocracia debería tener urgentemente una respuesta, y además anticiparse. Llevamos casi tres décadas yendo a remolque de la situación. Recordemos las palabras clave: proyecto de país.

*Rector de la Universidad de Sevilla 2012-2015, Consejero de la Junta de Andalucía 2015-2019

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