El futuro de las Naciones

Los Estados Unidos de América han dejado de ser el polo de referencia del mundo libre. Esta frase, pronunciada de manera más o menos solemne por buena parte de la izquierda, es el reconocimiento a una práctica política actual que, groseramente, se separa del los usos y costumbres de las democracias liberales basadas en la separación de poderes y en el respeto a los derechos fundamentales de la persona. El presidente Trump representa como nadie esa manera zafia y hortera de ejercer el poder sin contención ni límites, una especie de Jesús Gil a la norteamericana que, legitimado por un voto popular fascistizado, arrasa con el estado de derecho, la división de poderes y la separación tajante entre lo público y lo privado.

No es ya sólo las formas y maneras con que Trump ejerce el Poder Ejecutivo. Es también que están desapareciendo los famosos checks and balances, los famosos controles y equilibrios que caracterizaron al sistema político norteamericano al menos desde la Guerra Civil, cuando el sur quiso  separarse del norte para mantener la vinculación de los esclavos a las plantaciones de algodón. Un conflicto explicado por la historiografía oficial como <<abolicionistas>> contra <<esclavistas>>, cuando en realidad se estaban enfrentando dos modos de producción: uno feudal, en el sur; y otro capitalista en el norte, que necesitaba liberar esa mano de obra barata para  ocupar los nuevos puestos de trabajo de los centros fabriles del noroeste (Nueva York, Boston, Filadelfia), incluyendo la región de los Grandes Lagos con Chicago y Detroit al frente.

En realidad, si miramos al pasado, no todo ha sido Hollywood en la historia política de los Estados Unidos. En la propia Declaración de Independencia, firmada en Filadelfia en 1776, se afirma que “todas las personas son creadas iguales y tienen derechos inalienables”. Pero la mayoría de los <<padres fundadores>> poseían esclavos en sus plantaciones. En la Enmienda nº 13 de la Constitución de 1787 se dice que “Ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud”. Pero lo cierto es que la Ley de Derechos Civiles, que termina formalmente con la segregación racial, no llegará hasta 1964. Un país así, formado por oleadas de inmigrantes de distintas procedencias y culturas, se enfrentaba a un problema de <<identidad nacional>>. Para asimilar una población tan heterogénea, tuvo que inventar rituales que conmemorasen la historia de la Nación (el 4 de julio) donde imperaba la tradición protestante anglosajona (el Día de Acción de Gracias) de los Padres Fundadores. Y en paralelo, absorbió ciertos rituales colectivos de los inmigrantes (el Día de San Patricio) y activó potentes mecanismos de socialización e integración, como el culto a la bandera de las barras y las estrellas.

En España la fractura política ha posibilitado el desacuerdo sobre la Fiesta Nacional, la apropiación de la bandera por la derecha, así como el conjunto de viejos mitos y leyendas, veraces o inventados, que vertebran la historia de la verdadera nación protagonizada por auténticos españoles (Don Pelayo, El Cid Campeador, los Reyes Católicos etc.). Resurge la vieja cuestión de la España y la AntiEspaña. En nuestros días existen otras formas de esclavitud con el mismo fundamento en la desigualdad y la pobreza. Esa que da lugar a que millones de seres humanos deban abandonar sus países de origen para buscar en las naciones del primer mundo unas condiciones de vida dignas. Aunque esas condiciones de vida digna a las que aspiran los convierta, de hecho, en personas explotadas en el trabajo, hacinadas en sus viviendas, cuestionados sus derechos fundamentales (libertad religiosa y cultural, salud, educación, derechos políticos) y penda sobre sus cabezas una orden de expulsión porque la derecha eterna asimila inmigrante a delincuente.

Así las cosas, es de lamentar la ceguera política con que la derecha española aborda hoy la cuestión. Contagiados por la xenofobia de Trump, el Partido Popular y Vox están endureciendo las condiciones de estancia y permanencia de los extranjeros no comunitarios, olvidando que la Constitución española establece que “la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social (art. 10) y que “los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Titulo Primero a los españoles” (art. 13.1). No ya por razones humanitarias, que es lo que distingue un Estado democrático de una selva ecuatoriana. Hasta por razones económicas y demográficas es necesaria una cierta permeabilidad en fronteras. Quienes se llenan la boca con la palabra “Libertad” debieran considerar la incongruencia que supone aceptar la libre circulación de mercancías y disponer barreas y exclusiones para las personas. Todo ello desde el entendimiento de que las naciones del futuro están inexorablemente abocadas a ser multirraciales y multiculturales, espacios plurales y diversos donde el mestizaje impere en un marco de convivencia y respeto. Serán así o no serán.

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