LA SITUACIÓN DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA EN ANDALUCIA:  ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA.

Desde la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, la legislación española reconoce como derecho subjetivo, fundamentado en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, la atención integral a cuantas personas en situación de especial vulnerabilidad precisasen de apoyos para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, el mantenimiento de su autonomía personal o el ejercicio de sus derechos de ciudadanía.

Y lo hacía ampliando la cartera de servicios que se ofertaban a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), tanto a las personas dependientes como a sus familias, siendo así como a la atención residencial se añadían otros servicios como la atención domiciliaria, la atención personal, la teleasistencia, el cuidador/a no profesional o las prestaciones por la asistencia y atención personal.

Esta nueva oferta de servicios contaba con el concurso y la participación de todas las Administraciones Públicas, pero 18 años después de dicha aprobación a resultas tanto del crecimiento de la población mayor de 65 años en la sociedad española por el incremento de la esperanza de vida como por la desigual aplicación de la Ley que hacen las distintas autonomías vienen a poner de manifiesto que los derechos de las personas mayores y dependientes son distintos en función de la Comunidad Autónoma en la que resida, pese al esfuerzo del actual Gobierno de España que ha triplicado su financiación al Sistema de Dependencia, aprobó dos planes de choque para atender las listas de espera y revertidos todos los recortes en derechos y prestaciones que el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy practicó entre los años 2012 y 2018.

Y es que el Partido Popular nunca creyó, ni cree en esta Ley. Desde el principio la rechazó. Mariano Rajoy la calificó de inviable, y su ejecutor fue Juan Manuel Moreno Bonilla, entonces secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, quien recortó 5.406 millones de euros del sistema, retrasó la entrada de los dependientes moderados, eliminó la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares, redujo un 15 % las prestaciones económicas y recortó drásticamente las horas de ayuda a domicilio.

Miles de personas murieron en lista de espera sin recibir la ayuda que les correspondía por la desconfianza del PP en los servicios públicos a los que considera más un gasto que una inversión y responsabilidad colectiva. Frente a esa lógica, la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 supuso un giro radical. En su primer año como presidente, aumentó un 59% el presupuesto de Dependencia, hasta los 2.232 millones de euros. Desde entonces, la inversión ha seguido creciendo hasta alcanzar los 3.411 millones anuales, un 151% más que en 2018, volviendo de nuevo a considerar este derecho subjetivo como tal y no como una carga.

Y esta consideración como derecho subjetivo es el que ahora se incorpora mediante el refuerzo del Sistema para atender a las personas con ELA y otras enfermedades degenerativas que no pueden esperar mediante la aprobación del Real Decreto-Ley 11/2025 que les reconoce su situación de dependencia con un nuevo grado, el derecho a nuevas prestaciones y con la dotación de 500 millones de euros para su financiación, que demuestran este compromiso con los derechos de las personas más vulnerables y una mirada más humana.

En Andalucía, la situación de la dependencia continua un mes más en situación crítica y ello no solo es achacable, como pretende la Junta, a una infrafinanciación por parte del estado que como hemos dicho ha triplicado su aportación, sino que lo es por sus altas listas de espera, la demora en la tramitación y el caos normativo debido a modificaciones que han supuesto la crítica de profesionales y entidades, y que no ha conseguido los objetivos de agilizar los procedimientos y eliminar las listas de espera.

Andalucía es la segunda comunidad que más tiempo tarda en resolver un expediente de dependencia con 534 días de demora, solo detrás de Murcia con 563 días y delante de Canarias con 456 días. El tiempo medio en España es de 350 días y el máximo establecido por ley 180 días, lo que vemos que se supera ampliamente en Andalucía.

En cuanto a la lista de espera en Andalucía se encuentran en la actualidad más de 40.000 andaluces en esta situación y sin ser atendidos, muchos de ellos (18.507) sin haber sido ni tan siquiera valorados. Y lo más grave aún que más de 10.871 dependientes valorados y con el recurso aprobado se encuentran en espera de la atención mediante la asignación efectiva de dicho recurso o prestación, lo que se conoce como el “limbo de la dependencia andaluz” y que supone una nueva lista de espera que desespera a dependientes y sus familias en Andalucía.

Así no nos puede extrañar, aunque si indignar, que las personas dependientes fallecidas sin prestación durante este año en Andalucía asciendan a 5.522, de las cuales 4.334 corresponderían a solicitudes sin valorar y 1.188 a personas fallecidas estando valoradas, pero sin recibir la prestación de manera efectiva.

Por otro lado, preocupa que aun cuando las personas mayores o personas dependientes tienen capacidad para elegir el recurso que desean, la capacidad de elección ni existe en muchos de los casos en tanto la práctica habitual es que se le proponen recursos de bajo coste, como es el caso de la teleasistencia o de baja intensidad horaria como la ayuda a domicilio, que no resuelve el problema de los cuidados de las personas mayores dependientes; ni permite hacerlo después de años de espera y de situaciones que se agravan cuando no fallecen. Es evidente que la gestión de los servicios para atender un derecho subjetivo es fundamental y esta pésima gestión es solo achacable a la Junta de Andalucía que ha fracasado con todas las modificaciones planteadas que no consiguen rebajar suficientemente ni las listas de espera ni la demora en la tramitación y por lo que desde el PSOE de Andalucía seguimos proponiendo un compromiso real con los dependientes andaluces, con sus familias y con los profesionales del Sistema, mediante una financiación justa y una gestión eficaz que consiga revertir esta situación para atender a toda personas dependiente en los plazos que garantiza la Ley.

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